Controversia en Italia por el “otto per mille”: la Iglesia Católica advierte sobre una posible violación del Concordato

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El cardenal Matteo Zuppi, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, expresó su «profunda decepción» por una reciente modificación legal que afecta el sistema de asignación del 0,8% de los impuestos italianos —conocido como el otto per mille— destinado al financiamiento de religiones reconocidas por el Estado. En palabras del purpurado, la decisión del gobierno de cambiar los fines y métodos de distribución «socava el acuerdo original entre la Iglesia y el Estado y distorsiona su lógica y funcionamiento», provocando un desequilibrio que podría perjudicar tanto a la Iglesia Católica como a otras confesiones religiosas.

Aunque el actual gobierno conservador, liderado por Giorgia Meloni, alega que la ley había sido modificada previamente por la administración de Giuseppe Conte y que su ajuste fue menor, las reacciones no se han hecho esperar. La Iglesia teme que el nuevo sistema erosione un delicado equilibrio económico y jurídico establecido desde hace décadas.

Un sistema peculiar y profundamente histórico

Para comprender el trasfondo de esta disputa, es necesario remontarse a las raíces del sistema, marcadas por la larga y conflictiva relación entre el Estado italiano y la Santa Sede.

Tras la unificación de Italia en el siglo XIX y la toma de los Estados Pontificios en 1870, la Santa Sede excomulgó al rey y a los ciudadanos que participaran en la política nacional. Este conflicto —la llamada “cuestión romana”— fue resuelto solo en 1929, cuando el papa Pío XI y Benito Mussolini firmaron los Pactos de Letrán, por los cuales la Iglesia reconoció al Estado italiano y recibió compensaciones económicas.

Con la Constitución de 1948, Italia garantizó la libertad religiosa y mantuvo el Concordato con la Santa Sede como tratado internacional. En 1984, el Concordato fue revisado: el sistema de estipendios directos a párrocos fue reemplazado por el «otto per mille», una asignación del 0,8% del impuesto sobre la renta, que los ciudadanos pueden destinar a la Iglesia Católica, al Estado o a otras confesiones con acuerdos (intese) reconocidos.

El genio del cardenal Nicora y el sistema distributivo

El diseño del sistema estuvo a cargo del cardenal Attilio Nicora, quien logró mantener dos pilares fundamentales: el Concordato como tratado internacional y un método de asignación que favorece indirectamente a la Iglesia.

El punto clave es que todos los contribuyentes pagan ese 0,8%, pero no todos indican adónde quieren que vaya. Por ello, el dinero de los que no expresan preferencia se distribuye proporcionalmente entre las opciones elegidas por quienes sí lo hacen.

Esto ha permitido que la Iglesia Católica reciba regularmente más del 70% de la totalidad del fondo, aunque sólo una parte menor de los contribuyentes la elijan explícitamente. En 2020, por ejemplo, sólo el 41% de los contribuyentes expresó preferencia; de ellos, el 70,4% eligió a la Iglesia Católica. Gracias al sistema proporcional, ese 70,4% se aplicó sobre el total del 0,8% pagado por todos, no sólo por los que eligieron, lo que representó cientos de millones de euros adicionales.

Una reforma con consecuencias inciertas

La raíz de la controversia actual está en una modificación del artículo 47 de la Ley 222/1985, que regula el sistema del otto per mille. La administración Conte había introducido en 2021 una reforma para permitir que los contribuyentes que eligieran al Estado pudieran seleccionar a qué área se destinarían los fondos: desde la lucha contra el hambre hasta la restauración de escuelas.

El gobierno actual, sin eliminar esa medida, ha ampliado las opciones estatales a siete, incluyendo programas para menores extranjeros no acompañados y contra la drogadicción. Esta última es una prioridad del gobierno conservador, pero preocupa a la Iglesia, pues estas causas sociales son ampliamente respaldadas por la opinión pública, lo que podría hacer que más personas elijan al Estado como destinatario de su 0,8%.

En respuesta, el gobierno ha afirmado que muchas de estas iniciativas son ejecutadas por organizaciones gestionadas por la propia Iglesia Católica, lo que podría hacer que, indirectamente, la Iglesia continúe recibiendo los fondos, aunque asignados al Estado.

El temor: ¿una asignación solo para quienes eligen?

El temor mayor de la Iglesia Católica y de otras confesiones con «intesa» es la posibilidad de que el gobierno modifique la regla de la proporcionalidad y decida distribuir el 0,8% únicamente entre los que manifiestan una elección explícita. Esto reduciría drásticamente la porción que recibe la Iglesia: pasaría de recibir el 70% del total, a apenas el 70% del 40% que elige, es decir, una reducción de más del 50% de los fondos.

Una medida así afectaría también a las minorías religiosas reconocidas, como los valdenses, adventistas, luteranos, judíos, budistas y ortodoxos. Estas organizaciones, si bien más pequeñas, también dependen del sistema para sostener sus obras sociales, educativas y caritativas.

Un tratado internacional, no una ley ordinaria

En su crítica, el cardenal Zuppi ha recordado que el Concordato de 1984 no es una simple ley nacional, sino un tratado internacional entre Italia y el Vaticano, y por tanto, no puede ser modificado unilateralmente por el gobierno italiano.

En efecto, el artículo 7 de la Constitución italiana garantiza el reconocimiento de la independencia y soberanía de la Iglesia Católica en sus relaciones con el Estado. Una ruptura de este acuerdo no solo dañaría la relación entre el gobierno y la Iglesia, sino que también expondría a Italia a litigios internacionales, incluyendo posibles recursos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como ya ha sucedido en otros casos relacionados con la libertad religiosa.

El trasfondo político y cultural

Esta disputa se da en un contexto cultural más amplio. Italia ha visto una disminución del número de católicos practicantes y un aumento de la secularización, lo que ha debilitado la influencia social directa de la Iglesia. A esto se suma el malestar de ciertos sectores conservadores que, paradójicamente, critican a la Iglesia por sus posiciones favorables a la acogida de migrantes, y llaman a no asignarle el 0,8%.

Sin embargo, la Iglesia continúa siendo la mayor fuerza caritativa y asistencial del país, gestionando hospitales, centros para drogodependientes, comedores sociales, escuelas, y obras en favor de migrantes y ancianos.

Una decisión con implicaciones espirituales y sociales

Más allá de lo jurídico y político, la Iglesia ve en esta reforma una amenaza a su capacidad de servir a los más necesitados. Como dijo recientemente el Papa León XIV en su homilía en Chicago: «Compartir este mensaje de esperanza, sirviendo y buscando formas de hacer de nuestro mundo un lugar mejor, nos da verdadera vida a todos».

Las próximas semanas serán decisivas. El episcopado italiano prepara reuniones con el gobierno para exigir garantías de que no se modificará la estructura básica del sistema. Y la Santa Sede, como signataria del Concordato, observa atentamente.

Porque para la Iglesia no se trata solo de fondos. Se trata de fidelidad a un pacto que, por más técnico que parezca, representa también un compromiso con la historia, con la verdad, y con el servicio generoso al prójimo.